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¿Desviación de recursos públicos?

Roberto de Jesús Verdugo Díaz (rverdugomx@hotmail.com)
Facultad de Odontología, UABC Mexicali

Son de conocimiento público y han sido ampliamente difundidos y comentados en este espacio del Observatorio Académico Universitario, dos hechos trascendentales para la UABC y que se han convertido en procesos judiciales, sobre todo ante las actitudes impropias de quienes ostentan la autoridad universitaria y la respuesta por indignación de algunos universitarios.

Uno de ellos es el que tiene que ver con la destitución ilegal del Dr. Leonel Cota como miembro de la Junta de Gobierno y la consecuente imposición ilegítima de Edna Luna para sustituirlo. Este hecho actualmente presenta varias aristas que involucran a las autoridades de facto (ADF) de la universidad y llegan a exponerlas, inclusive, a su destitución o a invalidar su impropia designación por parte de una sección de la Junta de Gobierno. El otro hecho tiene que ver también con una actitud de plena rebeldía para acatar la orden judicial de inscribir a 16 jóvenes como alumnos de la UABC.

Sin tratar el tema con amplitud, ya que no quisiera repetir lo que se puede consultar y leer en el OAU, además de no arriesgarme a cometer errores por mi falta de conocimientos legislativos, nos parece que en el caso primero se aprecian varias situaciones que son dignas de llamar la atención.

En primer lugar, la ADF cometió un claro desacato a la orden judicial de no remover al Dr. Cota en tanto no se resolviera el asunto en tribunales (lo que no se resuelve todavía), actuando a través del engaño y mintiendo al Consejo Universitario en enero del año en curso. Esto permitió una serie de acciones ilegítimas y hasta ilegales de la Junta de Gobierno, una Junta dividida, con unos miembros manipulados y otros sin la fuerza suficiente para una oposición que evitara esas acciones y el manejo de una persona con intereses personales.

En el segundo asunto, hemos sido testigos de las discusiones que el mismo ha causado, con argumentos tanto a favor como en contra de que se haya judicializado el tema del ingreso a la universidad, cuestionándose de paso los procedimientos para la selección de los aspirantes a los diversos programas de estudio. Sin embargo, ha resultado innegable la coincidencia de la mayoría en lo que se refiere al derecho a la educación que tienen estos 16 jóvenes y los miles de rechazados.

Otra vez los posesionados del gobierno universitario demuestran su falta de conocimiento y de respeto a las leyes, escudándose en la autonomía de la universidad. Demuestran así, una vez más, que interpretan el concepto de autonomía a su conveniencia, entendiendo (ellos) que es sinónimo de impunidad. Pareciera que consideran que no están obligados a cumplir las leyes, sobre todo si no les conviene, sean éstas propias de la UABC o las generales. Demuestran entender que el concepto de “autonomía” se aplica para que los individuos en turno a cargo del gobierno de una universidad hagan lo que deseen, y no como lo que es, un precepto consagrado constitucionalmente en nuestro país para que una institución de educación superior pueda cumplir cabalmente con sus funciones sustantivas.

Por otro lado, resultan esperanzadoras algunas situaciones observadas recientemente en nuestro estado, que tienen que ver y parecen mostrar que sí existen autoridades y sobre todo, instancias judiciales, que no se amedrentan ante el poder y se atreven a analizar a fondo y, por lo tanto, a actuar con justicia en ciertos asuntos, que anteriormente se desechaban o se trataban a la ligera para no “incomodar” a “poderosos”, sean gubernamentales o no.

Al revisar las actuaciones de las ADF de la UABC en el desarrollo de esos dos asuntos, llama la atención un hecho común en ambos: las ADF han contratado para “defenderse” o llevar los asuntos, abogados externos a la universidad.

¿Por qué han contratado servicios profesionales cuando existe la oficina del abogado general de la UABC, con varios abogados a su servicio? ¿Será que no los consideran con la suficiente capacidad profesional? ¿Será que dudan de su completa fidelidad (abyección) y que, por lo tanto, no quieren arriesgarse a que pudieran no estar de acuerdo con faltar a principios éticos?

Además, reflexionando en ello, ¿de dónde salen los recursos económicos para pagar estos servicios? ¿Los pagan de su propio peculio?, seguramente no.

Entonces deben ser pagados con recursos públicos del presupuesto corriente de la universidad, ¿quién autorizó a la ADF a ejercer esos recursos y aplicarlos para esos efectos? ¿Fue el Consejo Universitario o el Patronato? ¿Se pueden justificar? ¿Será válido, moral y legal usufructuar dineros públicos de todos los mexicanos para lograr sus objetivos personales?

Si no existe autorización, ¿es un uso indebido de los recursos públicos? ¿es un acto ilegal e ilícito de una autoridad pública? ¿se puede constituir en un delito? Y en este caso ¿quién podría o debería demandar y ante quién? ¿Podrían algunos de los profesionales del derecho responder y explicarnos?

Se pudiera entender que si se tratara de defender los derechos y el patrimonio de la universidad, se podría justificar que se utilizaran sus recursos para contratar los servicios necesarios para su defensa, pero cuando se trata de defender cuestiones e intereses personales, de ninguna manera puede justificarse el uso del dinero del pueblo para tales fines y, aún en el primer supuesto, hay procedimientos establecidos para que se autorice a las autoridades universitarias a ejercerlos.

Me parece todavía más inexplicable e injustificable, que un funcionario miembro de las ADF universitarias, aplique estos recursos en contra no sólo de 16 jóvenes, sino que los utilice para ampararse incluso en contra de su jefe, la máxima ADF en la UABC en estos momentos.

¿No deberían llamar a cuentas a las ADF otras autoridades universitarias?, me refiero al Patronato, a la Junta de Gobierno y al Consejo Universitario. ¿No existe interés de su parte por cumplir con sus obligaciones y hacer cumplir la legislación universitaria y los más elementales principios éticos?

¿Qué haremos los demás universitarios? ¿Nos quedaremos callados y agachados? ¿Hasta cuándo?

 

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